Foto: Gaceta UNAM
Por Eduardo Corsario
La iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación−elaborada y propuesta por el actual Gobierno Federal− ha sido enviada ayer 13 de diciembre por parte del secretario de Gobierno Adán Augusto López Hernández, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, directamente al diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva.
Garantizar el derecho humano a la ciencia−argumenta el documento−es la base que ha llevado a la política científica de Morena a la renovación de las actuales estrategias en la materia. Mediante una política articulada por el Estado mexicano en materia de humanidades, ciencias y tecnología, se sostiene, se busca que sea el mismo Estado quien “ejerza la rectoría indispensable para el desarrollo nacional y el bienestar de la población”.
El argumento utilizado por gobierno enfatiza la importancia de hacer valer este derecho en la ciudadanía y que la generación de conocimientos tanto científicos como tecnológicos hagan presencia en la vida, en el día a día de cada persona. “La ciencia es para todos”, es la frase que resalta por entre las líneas de esta iniciativa: “La reforma constitucional del 15 de mayo de 2019, que estableció en México el derecho humano a la ciencia, tienen como principal antecedente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde el 3 de enero de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Su artículo 15, párrafo 1, inciso b, establece que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”, se lee en el archivo.
Esta iniciativa que tienen el propósito de reconstruir el camino de la ciencia y la tecnología hace hincapié reiteradas veces en lo que el actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha propuesto y desarrollado a especie de autopromoción de los logros y hasta aciertos, tal es el caso de algunas ideas y proyectos que se han impulsado desde esta instancia gubernamental con la visión que a inicios de la presente Administración se dejaron ver.
“Además, se ha promovido el establecimiento de espacios para la difusión y la promoción de la cultura científica y el interés colectivo en el conocimiento en las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación, destinados a públicos no especializados. Tal es el caso de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos del Conacyt, diseminados en casi todo el territorio nacional, que busca fortalecer y difundir los conocimientos y saberes tradicionales de las comunidades campesinas mediante la conservación de la riqueza biocultural y el cuidado de sus territorios y bienes comunes. A través de este esfuerzo se han creado acervos digitales (fototecas, fonotecas, información etnobiológica y de la riqueza biocultural); se han llevado capacitaciones para el uso y manejo de recursos naturales impartidas en español y en lenguas indígenas, y se ha integrado un catálogo de especies nativas y endémicas de diferentes regiones”.
“Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y para la Cuarta Transformación garantizar el derecho humano a la ciencia, no ha quedado como una llana y simple declaración, sino que busca hacerla una realidad”
María Eugenia Hernández Pérez
Secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
La comunidad inmersa en ciencia y tecnología ha recibido la noticia de la recepción de la iniciativa a partir de un despertar del debate. Para algunos, esta acción significa el inicio de un camino borroso para la generación de conocimientos de naturaleza científica y una nueva política reduccionista y oscurantista. Esta línea de argumentación ya se ha dejado ver en distintos foros nacionales con actores científicos y de gestión universitaria. Queda en espera saber si habrá espacio para una discusión al respecto, un intercambio de ideas y diálogos antes de su aceptación o no. Y saber si la Cámara de Diputados tomará en cuenta los puntos de vista de las diferentes esferas de las sociedades científicas y de divulgación ante el sendero de una nueva ley que haga valer el derecho humano a las ciencias.
